El 11 de diciembre de 1981, el Batallón Atlácatl de las fuerzas armadas salvadoreñas, llevó a cabo una operación al norte del Departamento de Morazán, que resultó en una serie de masacres sucesivas en los poblados de El Mozote, Ranchería, Los Toriles, La Joya y Jocote Amarillo, así como en los cerros Pando y Ortiz. Cerca de 1000 personas fueron asesinadas, casi la mitad eran menores de edad. En su momento no hubo registro de las víctimas y la mayoría de sobrevivientes se vieron obligados a desplazarse internamente y hacia Honduras. Estos hechos fueron ejemplo de los brutales ataques que sufrió la población civil por parte del ejército durante el conflicto armado salvadoreño.

Las primeras exhumaciones y toma de testimonios por parte del Estado ocurrieron más de 10 años después de las masacres y tras una larga lucha de las víctimas sobrevivientes. Este caso llegó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que encuentra al Estado salvadoreño responsable de las masacres y le ordena investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables. A diez años de emitida la sentencia, el cumplimiento pleno de esta medida está pendiente y a la fecha no existen personas juzgadas por los graves crímenes cometidos.

El Mozote representa el asesinato masivo más grande conocido por la Corte IDH y aunque se han visto avances en el proceso penal interno, más de 40 años de ocurridas la masacre, el Estado salvadoreño continúa obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos y para la justicia transicional en El Salvador.